El régimen de Javier Milei impulsa en el Senado una reforma radical de la propiedad privada que organizaciones sociales califican como una "bomba de tiempo" para los sectores populares. La iniciativa, defendida por el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, busca acelerar desalojos, modificar la ley de Barrios Populares y eliminar restricciones para que extranjeros compren tierras, incluso en zonas fronterizas sensibles como Tierra del Fuego.
Durante el plenario de comisiones, Sturzenegger generó polémica al sugerir que un ciudadano británico debería poder adquirir propiedades en la provincia austral, territorio cercano a las Malvinas ocupadas ilegalmente por el Reino Unido. El funcionario argumentó desde su perspectiva liberal que limitar derechos por nacionalidad constituye "un modo terrible" de discriminación. Esta postura fue calificada como "provocación" por legisladores peronistas, quienes recordaron el historial de Sturzenegger en políticas económicas que beneficiaron al sector financiero.
Las organizaciones de vivienda alertan que el proyecto dejaría en situación de vulnerabilidad jurídica a más de 5 millones de personas que habitan en barrios populares. La iniciativa modificaría el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, eliminando protecciones clave. Además, pretende suprimir el requisito de utilidad pública para las expropiaciones, otorgando mayor discrecionalidad a entidades locales.
La discusión expone la tensión entre una concepción neoliberal extrema de la propiedad -que la eleva a derecho absoluto- y la perspectiva de derechos sociales que reconoce la función social de la tierra. El proyecto refleja la ideología del régimen actual: priorizar la seguridad jurídica para inversores sobre la seguridad habitacional de las mayorías. En un país con profunda desigualdad en el acceso a la vivienda, esta reforma podría profundizar la brecha entre quienes tienen propiedad garantizada y quienes luchan por un techo digno.
