El magisterio nacional, con las mujeres representando cerca del 70% del sistema educativo, se moviliza masivamente este martes y miércoles en Asunción. Las protestas incluyen concentraciones en plazas y marchas hacia el Ministerio de Economía y el Congreso, rechazando una reforma que eleva la edad de retiro y reduce el aporte estatal. Blanca Ávalos, dirigente gremial, anticipa una movilización masiva que involucrará a todas las instituciones públicas y subvencionadas.
Esta resistencia ocurre a pesar de que los senadores proponen modificaciones que fijarían el aporte estatal en 10% desde 2026 y establecerían edades de jubilación extraordinaria a 53 años y ordinaria a 58 años. La versión original aprobada por Diputados establecía retiro a los 57 años con solo 5% de aporte estatal. Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores, expresa la desconfianza del sector: "Lastimosamente, nosotros los docentes no confiamos en los parlamentarios, ellos pueden cambiar las condiciones en cualquier momento".
El gobierno de Santiago Peña defiende la reforma argumentando un déficit de 380 millones de dólares en la caja fiscal, equivalente al 0,8% del PIB. La caja cuenta con 232.631 aportantes y paga 74.339 jubilaciones. El senador Silvio Ovelar sostiene que con la nueva propuesta el déficit comenzará a ceder anualmente, requiriendo que el Estado mejore sus ingresos tributarios.
La Articulación Feminista del Paraguay, en su décima marcha del 8M bajo la consigna "Ni precarizadas ni sumisas", denuncia que esta reforma afecta especialmente a las maestras, quienes cargarán con mayores aportes y jubilaciones postergadas. El manifiesto feminista critica que el Estado, en su rol de patrón, ha saqueado históricamente estos fondos y ahora pretende que las trabajadoras paguen la factura. La desigualdad estructural se refleja en que solo el 37% de los docentes en educación superior son mujeres, con una brecha salarial de aproximadamente 600.000 guaraníes menos que los hombres por igual trabajo.
Esta lucha trasciende lo gremial para convertirse en una defensa de la soberanía social. El movimiento docente y feminista se une contra un sistema que mercantiliza derechos básicos, evidenciando cómo las políticas neoliberales descargan sus costos sobre quienes históricamente han sostenido la sociedad: las trabajadoras, las educadoras, las cuidadoras. Su resistencia no es solo por jubilaciones dignas, sino por un modelo de sociedad donde la vida valga más que el capital.
