La primera audiencia pública en Diputados se desarrolló bajo una densa atmósfera de tensión y acusaciones. El abogado ambientalista Enrique Viale protagonizó uno de los momentos más álgidos al anunciar una denuncia penal contra la senadora Flavia Royon por "incompatibilidad en la función pública" y posible "cohecho". Viale reveló que Royon mantuvo vínculos laborales con la empresa minera neozelandesa Zelandez, que opera en el triángulo del litio, y afirmó que "no representa a la provincia de Salta, sino que representa a las mineras". La senadora reconoció haber trabajado para la compañía antes de asumir su banca, pero negó mantener relación actual.
La oposición presentó una impugnación formal contra la audiencia, cuestionando su validez por restringir la participación ciudadana. Diputados como Maximiliano Ferraro denunciaron que de más de 105.000 inscriptos, apenas 360 podrían exponer, representando solo el 0,3% del total. El documento de impugnación sostiene que el esquema adoptado vulnera la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
Viale calificó la instancia como "una farsa de audiencia pública" y vinculó directamente la reforma con intereses corporativos: "Le están entregando el agua para siempre a las grandes mineras. Esta ley está hecha a medida de las trasnacionales". También apuntó contra el diputado José Peluc, presidente de la comisión de Recursos Naturales, sugiriendo vínculos con proveedores mineros en San Juan.
La exdiputada Marta Maffei, autora de la ley original de 2010, denunció que la audiencia busca legitimar un retroceso ambiental. Daniel Filmus advirtió que modificar la ley actual "abrirá una ola de judicialización" que afectaría incluso las inversiones mineras al eliminar la previsibilidad jurídica.
El proceso quedó marcado por un megaoperativo de seguridad y movilizaciones sociales que denunciaron la restricción democrática. La audiencia virtual del jueves continuará bajo la sombra de estas impugnaciones, anticipando un recorrido legislativo que excede el recinto y se proyecta hacia los tribunales. La defensa del agua como bien común enfrenta el avance de intereses extractivos que encuentran complicidades en el poder político.
